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Washington.- La aprobación por parte del Congreso estadounidense de una histórica reforma de la salud, con la que el país está cerca de adoptar un sistema de cobertura médica universal, en la mayor victoria del presidente Barack Obama desde que inició su mandato en enero de 2009.
Luego de semanas de negociaciones y debates amargos, la Cámara de Representantes con mayoría demócrata aprobó con 219 votos a favor y 212 en contra la noche del domingo un proyecto de ley que extiende la cobertura de salud a 32 millones de estadounidenses adicionales, convirtiéndose en el mayor cambio político en cuatro décadas.
El llamado de la historia
"Esta noche respondimos el llamado de la historia como tantos estadounidenses antes que nosotros (...) No temimos por nuestro futuro, le dimos forma", dijo Obama luego de la aprobación.
Ningún republicano votó a favor del proyecto de ley, ya aprobado por el Senado. Estos advirtieron que Obama sufriría un contragolpe con la medida, que tendrá un costo de cientos de millones de dólares en la próxima década.
Pero el presidente, que firmaría el proyecto de ley en los próximos días, elogió a los legisladores por desafiar las predicciones de que la colosal legislación se derrumbaría debido a divisiones partidarias.
Cansado después de una semana en la que se reunió o habló con cerca de 100 legisladores, pero evidentemente saboreando el reñido triunfo en su mayor apuesta nacional, Obama declaró a los estadounidenses: "Así es como se ve el cambio".
Cuando el recuento de los votos ya había superado los 216 requeridos, los demócratas estallaron en gritos, aplausos y abrazos, antes de corear el eslogan "Yes, we can" (sí, podemos) recordando la campaña de Obama en 2008.
Se opusieron a la medida 178 republicanos y 34 demócratas conservadores, alentados por cientos de manifestantes que repetían "Kill the bill" (maten el proyecto de ley) desde las afueras del Congreso.
En sus declaraciones, Obama acusó recibo de las advertencias de los republicanos según las cuales los demócratas pagarían un precio político alto en las elecciones de noviembre, en las cuales se decidirá quién controlará el Congreso.Arturo
Alcalde Justiniani
Cualquiera pensaría que por ser la economía más poderosa del mundo y la que más gasta en salud, nuestro vecino del norte contaría con el mejor sistema de protección en beneficio de su población. La realidad es muy distinta, tiene la peor calificación entre los países más desarrollados en renglones clave: población protegida, eficiencia y calidad de los servicios, veracidad en la información, medicina preventiva y expectativas a futuro.
El sistema de salud estadunidense es sumamente complejo, coexisten seguros privados y servicios públicos, en un entorno de financiamiento mixto, federal, estatal y de los propios beneficiarios. Este ha sido motivo de múltiples iniciativas y proyectos que no logran concretarse, al enfrentar a gigantescos intereses económicos y electorales, así como una vieja disputa entre la visión pública y social que reconoce a la salud como un derecho humano fundamental, y la individualista, que la considera un negocio, por tanto, sujeta a los criterios del mercado, por lo que impone a cada ciudadano su cuidado. Hoy la discusión se enriquece con nuevos elementos: la importancia de la previsión, la presencia de riesgos epidemiológicos, la correlación entre los niveles de salud y competitividad, e incluso su vinculación con los altos índices de precariedad e inseguridad pública. Por ejemplo, las empresas se quejan de ser obligadas a competir con países que gozan de esquemas universales de protección con diferenciales de costos laborales significativos. Dean Baker, conocido economista estadunidense, proyectó la suerte de General Motors si sus costos de asistencia a la salud hubieran sido los mismos que en los existentes en Canadá, llegando a la conclusión, de que en la última década habrían obtenido ganancias del orden de 22 mil millones de dólares, suficientes para no acudir a la ayuda gubernamental para subsistir.
La suerte de los estadunidenses en materia de salud es diferenciada. Casi 46 millones, 16 por ciento de la población, carece de protección alguna; este sector crecerá a 72 millones en las próximas tres décadas, sin incluir a los migrantes indocumentados. Es impresionante un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese país: “Cuatro de cada 10 estadunidenses de bajos ingresos no tienen seguro médico y la mitad de los casi 46 millones de personas sin cobertura de seguro en Estados Unidos son pobres. Alrededor de un tercio de las personas sin cobertura de seguro tienen una enfermedad crónica y tienen seis veces menos posibilidades de recibir asistencia por un problema de salud que los que sí tienen cobertura. Por el contrario, 94 por ciento de los estadunidenses de ingresos más elevados tienen seguro médico”.
Esquemas privados derivados de acuerdos laborales abarcan 60 por ciento y el universo se complementa con los beneficiarios del Medicaid, programa de asistencia pública orientado a la población con menos recursos, y el Medicare, sistema de seguros dirigido a mayores de 65 años y a algunos sectores con capacidades diferentes o enfermedades terminales, financiado básicamente con recursos de los propios beneficiarios; además de algunos seguros estrictamente individuales y el sistema de salud militar.
"Sé que no ha sido una decisión fácil para mucha gente. Pero fue la decisión correcta", señaló Obama.
Cambios
El Senado tiene ahora que realizar una serie de cambios en el proyecto de ley, que la Cámara aprobó 220-211, a partir del martes.
El proyecto de ley del Senado junto a los cambios renovarán por completo el sistema de salud estadounidense, un siglo después del implementado por el presidente Theodore Roosevelt, al extender la cobertura a 95% de la población menor de 65 años.
El proyecto de ley prohíbe que las compañías de seguros nieguen la atención por problemas de salud preexistentes, o impongan límites en la cobertura para toda la vida, y permite que se otorguen subvenciones para suscribirse a un seguro privado.
También implica un aumento de los impuestos a las personas con mayor ingreso, mientras que extiende la cobertura a los estadounidenses más necesitados.
"Este proyecto de ley es complicado, pero al mismo tiempo es muy sencillo: la enfermedad y la discapacidad son universales, y somos más fuertes contra ellos juntos que si estuviéramos solos", señaló el líder de la mayoría demócrata Steny Hoyer antes de votar.
¡Debería darnos vergüenza!
Sin embargo, el líder de la minoría republicana John Boehner exclamó: "¡Debería darnos vergüenza! ¡Debería darnos vergüenza esta entidad (el Congreso)! Vergïenza a todo aquél que imponga su voluntad y sus deseos por encima de los de sus compatriotas".
Fuera del Congreso, el diario New York Times, de izquierda, tildó la aprobación de la reforma de "un logro de proporciones históricas".
Por su parte, el conservador Wall Street Journal señaló que la reforma representaba "una toma de poder del Estado sobre el sistema de cobertura de salud" que resultará en "impuestos más elevados, un crecimiento económico más lento y una peor atención médica".
Se espera que esta semana el Senado realice los cambios y los apruebe por separado, bajo normas que impiden que los republicanos recurran a la obstrucción parlamentaria, con la que podrían haber demorado y aniquilado la medida.
Demócratas señalaron que la estimación de la Oficina de presupuesto del Congreso evaluó el costo de la medida en 940,000 millones de dólares para los próximos 10 años, aunque hacia 2019 reducirá los gastos del gobierno federal en 143,000 millones de dólares y en 1.2 billones de dólares para la siguiente década.
La iniciativa de reforma presentada al Congreso por el presidente Barack Obama lamentablemente no constituye una propuesta de protección universal; sin embargo, tiende a resolver las principales desviaciones del sistema vigente, entre ellas la ampliación de la cobertura, supresión de las crecientes ineficiencias derivadas de costos administrativos, asimetría en la información, inadecuado aprovechamiento tecnológico, fragmentación del sistema; todas ellas incrementan en más de un tercio el costo de operación. También busca revertir tendencias negativas en perjuicio de las finanzas públicas, que obligarían a incrementar su presupuesto en salud al doble en los próximos 30 años; basta señalar que el país destina cerca de 18 por ciento de su producto interno bruto a este reglón, muy por encima de Francia y Alemania, que asignan entre 10.5 y 11 por ciento; por cierto, con mejores resultados. De no haber un cambio, también la población se verá obligada a aumentar sus erogaciones hasta montos impagables, considerando las expectativas salariales y de empleo. La iniciativa ha exhibido los excesos de la privatización, la ausencia de controles y los abusos de las empresas aseguradoras, laboratorios, hospitales, farmacéuticas y del personal médico privado.
La propuesta está construida sobre la base de una racionalidad diferente que responde a las necesidades del nuevo escenario laboral, por ello, puede impactar favorablemente a otros factores, como la creación de empleo, la movilidad de los trabajadores y a reducir las diferencias entre las grandes y pequeñas empresas en temas relacionados con costos laborales y acceso a personal altamente capacitado.
Si bien Obama ha logrado acuerdos previos con algunos actores involucrados, incluyendo una parte del sector privado que admite como mejor opción ceder parte de sus intereses que transitar hacia una crisis global perjudicial para todos, se ha visto enfrentado a una gran oposición, no sólo de la extrema derecha, siempre resistente a cualquier beneficio de carácter social, sino también a una parte de los legisladores demócratas que ponen reparos a la misma. El sindicalismo en ese país, superando inercias y visiones reducidas, apoya abiertamente la reforma, pues entiende que no sólo responde al bienestar de sus afiliados, sino al de la población en general.
El contexto de esta reforma brinda muchas enseñanzas a nuestro país, pues exhibe con datos duros los riesgos de una privatización desmedida del sistema de seguridad social, que debe preservar su carácter eminentemente público y universal. También acredita la importancia de que el servicio público de salud se sujete a permanente evaluación en su desempeño, a fin de que se otorgue con calidad y eficiencia. Es buen momento para poner nuestras barbas a remojar.
Luego de semanas de negociaciones y debates amargos, la Cámara de Representantes con mayoría demócrata aprobó con 219 votos a favor y 212 en contra la noche del domingo un proyecto de ley que extiende la cobertura de salud a 32 millones de estadounidenses adicionales, convirtiéndose en el mayor cambio político en cuatro décadas.
El llamado de la historia
"Esta noche respondimos el llamado de la historia como tantos estadounidenses antes que nosotros (...) No temimos por nuestro futuro, le dimos forma", dijo Obama luego de la aprobación.
Ningún republicano votó a favor del proyecto de ley, ya aprobado por el Senado. Estos advirtieron que Obama sufriría un contragolpe con la medida, que tendrá un costo de cientos de millones de dólares en la próxima década.
Pero el presidente, que firmaría el proyecto de ley en los próximos días, elogió a los legisladores por desafiar las predicciones de que la colosal legislación se derrumbaría debido a divisiones partidarias.
Cansado después de una semana en la que se reunió o habló con cerca de 100 legisladores, pero evidentemente saboreando el reñido triunfo en su mayor apuesta nacional, Obama declaró a los estadounidenses: "Así es como se ve el cambio".
Cuando el recuento de los votos ya había superado los 216 requeridos, los demócratas estallaron en gritos, aplausos y abrazos, antes de corear el eslogan "Yes, we can" (sí, podemos) recordando la campaña de Obama en 2008.
Se opusieron a la medida 178 republicanos y 34 demócratas conservadores, alentados por cientos de manifestantes que repetían "Kill the bill" (maten el proyecto de ley) desde las afueras del Congreso.
En sus declaraciones, Obama acusó recibo de las advertencias de los republicanos según las cuales los demócratas pagarían un precio político alto en las elecciones de noviembre, en las cuales se decidirá quién controlará el Congreso.Arturo
Alcalde Justiniani
Cualquiera pensaría que por ser la economía más poderosa del mundo y la que más gasta en salud, nuestro vecino del norte contaría con el mejor sistema de protección en beneficio de su población. La realidad es muy distinta, tiene la peor calificación entre los países más desarrollados en renglones clave: población protegida, eficiencia y calidad de los servicios, veracidad en la información, medicina preventiva y expectativas a futuro.
El sistema de salud estadunidense es sumamente complejo, coexisten seguros privados y servicios públicos, en un entorno de financiamiento mixto, federal, estatal y de los propios beneficiarios. Este ha sido motivo de múltiples iniciativas y proyectos que no logran concretarse, al enfrentar a gigantescos intereses económicos y electorales, así como una vieja disputa entre la visión pública y social que reconoce a la salud como un derecho humano fundamental, y la individualista, que la considera un negocio, por tanto, sujeta a los criterios del mercado, por lo que impone a cada ciudadano su cuidado. Hoy la discusión se enriquece con nuevos elementos: la importancia de la previsión, la presencia de riesgos epidemiológicos, la correlación entre los niveles de salud y competitividad, e incluso su vinculación con los altos índices de precariedad e inseguridad pública. Por ejemplo, las empresas se quejan de ser obligadas a competir con países que gozan de esquemas universales de protección con diferenciales de costos laborales significativos. Dean Baker, conocido economista estadunidense, proyectó la suerte de General Motors si sus costos de asistencia a la salud hubieran sido los mismos que en los existentes en Canadá, llegando a la conclusión, de que en la última década habrían obtenido ganancias del orden de 22 mil millones de dólares, suficientes para no acudir a la ayuda gubernamental para subsistir.
La suerte de los estadunidenses en materia de salud es diferenciada. Casi 46 millones, 16 por ciento de la población, carece de protección alguna; este sector crecerá a 72 millones en las próximas tres décadas, sin incluir a los migrantes indocumentados. Es impresionante un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese país: “Cuatro de cada 10 estadunidenses de bajos ingresos no tienen seguro médico y la mitad de los casi 46 millones de personas sin cobertura de seguro en Estados Unidos son pobres. Alrededor de un tercio de las personas sin cobertura de seguro tienen una enfermedad crónica y tienen seis veces menos posibilidades de recibir asistencia por un problema de salud que los que sí tienen cobertura. Por el contrario, 94 por ciento de los estadunidenses de ingresos más elevados tienen seguro médico”.
Esquemas privados derivados de acuerdos laborales abarcan 60 por ciento y el universo se complementa con los beneficiarios del Medicaid, programa de asistencia pública orientado a la población con menos recursos, y el Medicare, sistema de seguros dirigido a mayores de 65 años y a algunos sectores con capacidades diferentes o enfermedades terminales, financiado básicamente con recursos de los propios beneficiarios; además de algunos seguros estrictamente individuales y el sistema de salud militar.
"Sé que no ha sido una decisión fácil para mucha gente. Pero fue la decisión correcta", señaló Obama.
Cambios
El Senado tiene ahora que realizar una serie de cambios en el proyecto de ley, que la Cámara aprobó 220-211, a partir del martes.
El proyecto de ley del Senado junto a los cambios renovarán por completo el sistema de salud estadounidense, un siglo después del implementado por el presidente Theodore Roosevelt, al extender la cobertura a 95% de la población menor de 65 años.
El proyecto de ley prohíbe que las compañías de seguros nieguen la atención por problemas de salud preexistentes, o impongan límites en la cobertura para toda la vida, y permite que se otorguen subvenciones para suscribirse a un seguro privado.
También implica un aumento de los impuestos a las personas con mayor ingreso, mientras que extiende la cobertura a los estadounidenses más necesitados.
"Este proyecto de ley es complicado, pero al mismo tiempo es muy sencillo: la enfermedad y la discapacidad son universales, y somos más fuertes contra ellos juntos que si estuviéramos solos", señaló el líder de la mayoría demócrata Steny Hoyer antes de votar.
¡Debería darnos vergüenza!
Sin embargo, el líder de la minoría republicana John Boehner exclamó: "¡Debería darnos vergüenza! ¡Debería darnos vergüenza esta entidad (el Congreso)! Vergïenza a todo aquél que imponga su voluntad y sus deseos por encima de los de sus compatriotas".
Fuera del Congreso, el diario New York Times, de izquierda, tildó la aprobación de la reforma de "un logro de proporciones históricas".
Por su parte, el conservador Wall Street Journal señaló que la reforma representaba "una toma de poder del Estado sobre el sistema de cobertura de salud" que resultará en "impuestos más elevados, un crecimiento económico más lento y una peor atención médica".
Se espera que esta semana el Senado realice los cambios y los apruebe por separado, bajo normas que impiden que los republicanos recurran a la obstrucción parlamentaria, con la que podrían haber demorado y aniquilado la medida.
Demócratas señalaron que la estimación de la Oficina de presupuesto del Congreso evaluó el costo de la medida en 940,000 millones de dólares para los próximos 10 años, aunque hacia 2019 reducirá los gastos del gobierno federal en 143,000 millones de dólares y en 1.2 billones de dólares para la siguiente década.
La iniciativa de reforma presentada al Congreso por el presidente Barack Obama lamentablemente no constituye una propuesta de protección universal; sin embargo, tiende a resolver las principales desviaciones del sistema vigente, entre ellas la ampliación de la cobertura, supresión de las crecientes ineficiencias derivadas de costos administrativos, asimetría en la información, inadecuado aprovechamiento tecnológico, fragmentación del sistema; todas ellas incrementan en más de un tercio el costo de operación. También busca revertir tendencias negativas en perjuicio de las finanzas públicas, que obligarían a incrementar su presupuesto en salud al doble en los próximos 30 años; basta señalar que el país destina cerca de 18 por ciento de su producto interno bruto a este reglón, muy por encima de Francia y Alemania, que asignan entre 10.5 y 11 por ciento; por cierto, con mejores resultados. De no haber un cambio, también la población se verá obligada a aumentar sus erogaciones hasta montos impagables, considerando las expectativas salariales y de empleo. La iniciativa ha exhibido los excesos de la privatización, la ausencia de controles y los abusos de las empresas aseguradoras, laboratorios, hospitales, farmacéuticas y del personal médico privado.
La propuesta está construida sobre la base de una racionalidad diferente que responde a las necesidades del nuevo escenario laboral, por ello, puede impactar favorablemente a otros factores, como la creación de empleo, la movilidad de los trabajadores y a reducir las diferencias entre las grandes y pequeñas empresas en temas relacionados con costos laborales y acceso a personal altamente capacitado.
Si bien Obama ha logrado acuerdos previos con algunos actores involucrados, incluyendo una parte del sector privado que admite como mejor opción ceder parte de sus intereses que transitar hacia una crisis global perjudicial para todos, se ha visto enfrentado a una gran oposición, no sólo de la extrema derecha, siempre resistente a cualquier beneficio de carácter social, sino también a una parte de los legisladores demócratas que ponen reparos a la misma. El sindicalismo en ese país, superando inercias y visiones reducidas, apoya abiertamente la reforma, pues entiende que no sólo responde al bienestar de sus afiliados, sino al de la población en general.
El contexto de esta reforma brinda muchas enseñanzas a nuestro país, pues exhibe con datos duros los riesgos de una privatización desmedida del sistema de seguridad social, que debe preservar su carácter eminentemente público y universal. También acredita la importancia de que el servicio público de salud se sujete a permanente evaluación en su desempeño, a fin de que se otorgue con calidad y eficiencia. Es buen momento para poner nuestras barbas a remojar.
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